La Asamblea de Cineastas Cubanos (ACC) emitió un pronunciamiento contundente contra la reciente Resolución 61 del Ministerio de Cultura de Cuba, advirtiendo que esta medida representa un duro golpe para la cinematografía nacional y un riesgo directo para la libertad creativa de los cineastas independientes y estudiantes.
Según la ACC, la resolución no solo encarece los permisos de rodaje, sino que introduce un mecanismo de censura económica que pone en jaque la diversidad cultural y la producción audiovisual en el país.
"En un país donde la Constitución (Artículo 145) confiere al Ministro atribuciones para regular la cultura, esta resolución pervierte ese mandato al convertir el ICAIC en un ´intermediario obligatorio´ que cobra por trámites que deberían ser accesibles y/o gratuitos para fomentar la creación cinematográfica. Se vulnera así el espíritu de la cultura como bien público, transformándola en un negocio estatal. Esto no ´desarrolla´ la producción, como pretende el Acuerdo 9941, sino que la asfixia bajo capas de burocracia monetizada" aseguran los miembros de la ACC.
Desde su fundación en 2013, la Asamblea de Cineastas Cubanos ha sido un espacio de diálogo, propuesta y confrontación, defendiendo la autonomía creativa y el derecho de los cineastas a reflejar la realidad cubana sin interferencias ni obstáculos arbitrarios. Ahora, frente a la Resolución 61, el gremio denuncia que las nuevas tarifas impuestas por el ICAIC convierten la realización de filmes y documentales en un privilegio para unos pocos, mientras que la mayoría de los creadores se ven obligados a enfrentar gastos desproporcionados que muchas veces superan meses de salario. Por ejemplo, grabar solo una cuadra de La Habana Vieja por un día de rodaje podría costar más de 9,000 CUP, sin contar recargos por urgencia o prórrogas.
La ACC subraya que la resolución vulnera principios fundamentales de acceso igualitario a la cultura y convierte espacios públicos, calles, playas y edificios en mercancías que solo pueden ser explotadas por quienes paguen. La falta de plazos claros para la tramitación de permisos, la ausencia de vías de reclamación formales y la poca transparencia en los criterios diferenciados para producciones audiovisuales nacionales o extranjeras agravan la incertidumbre y la precariedad de los proyectos.
Asimismo, los cineastas advierten que esta medida afecta de manera directa a estudiantes y jóvenes talentos, quienes deben financiar por completo sus ejercicios docentes y tesis de grado, ya que los descuentos previstos en la resolución son insuficientes para cubrir la realidad económica de los estudiantes. La ACC insiste en que la medida no fomenta la producción, sino que la asfixia, debilitando la innovación y el espíritu crítico que ha caracterizado al cine cubano contemporáneo.
El gremio propone pausar la implementación de la Resolución 61 y abrir un diálogo real con los cineastas para discutir las verdaderas necesidades de la cinematografía nacional. Según la Asamblea, ordenar y regular la actividad cultural no debe equivaler a imponer barreras económicas que silencien voces independientes o limiten la creatividad de quienes buscan retratar la vida real de la sociedad cubana.
En palabras de la Asamblea de Cineastas Cubanos, esta resolución es un ejemplo claro de cómo la burocracia monetizada puede convertirse en un instrumento de control y censura: “Cuando filmar se vuelve un privilegio, el libre reflejo de nuestra realidad deja de ser un derecho. No renunciaremos a él jamás”. La defensa de la cinematografía nacional, la accesibilidad y la diversidad cultural siguen siendo los pilares de la lucha de este gremio.
Fuente: Asamblea de Cineastas Cubanos
Asamblea de Cineastas Cubanos (ACC)
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