El régimen cubano avanza hacia una mayor apertura de determinadas actividades económicas al sector privado, aunque mantiene bajo control estatal áreas consideradas estratégicas y limita de manera estricta la participación de empresas no estatales en ámbitos como la educación, los medios de comunicación y la cultura.
La nueva regulación está contenida en el Decreto 160/2026, publicado en la Gaceta Oficial el pasado 28 de julio y cuya entrada en vigor está prevista para el 4 de agosto. La norma sustituye al Decreto 107 de 2024 y establece diferentes reglas para empresas privadas, micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia.
De acuerdo con las autoridades, el listado anterior contemplaba 125 actividades prohibidas. Con la nueva legislación se eliminan 46 de esas restricciones y se modifican o flexibilizan otras 35, aunque permanecen numerosas limitaciones para los actores económicos privados.
El nuevo esquema clasifica las actividades en cuatro grupos: prohibidas de manera absoluta, reservadas exclusivamente al Estado, permitidas a Mipymes y cooperativas pero no a trabajadores por cuenta propia, y aquellas que requieren licencias o autorizaciones especiales.
Uno de los principales cambios se produce en el comercio. Las Mipymes y cooperativas podrán participar directamente en actividades mayoristas, mientras que los trabajadores por cuenta propia continuarán excluidos de ese segmento. El comercio minorista, por su parte, queda abierto a diferentes actores económicos siempre que obtengan los permisos correspondientes.
También se introducen modificaciones en sectores como el transporte, donde se permite a entidades estatales y privadas importar vehículos eléctricos destinados al ensamblaje y comercialización. En el ámbito sanitario, la atención médica continúa bajo control estatal, pero empresas privadas, Mipymes y cooperativas podrán gestionar determinados servicios farmacéuticos bajo requisitos establecidos por las autoridades.
La norma también contempla espacios limitados para actividades como la pequeña minería, la generación de electricidad mediante fuentes renovables, la fabricación de determinados productos farmacéuticos, el ensamblaje de vehículos y algunos servicios relacionados con el transporte y las infraestructuras.
El Gobierno cubano presenta estas medidas como un intento de ampliar la participación privada en la economía y atraer inversiones en medio de una profunda crisis financiera. Sin embargo, la apertura mantiene límites especialmente estrictos en sectores vinculados con la información y la formación de opinión pública.
La creación y gestión de medios de comunicación, la venta de libros, determinadas actividades culturales y las representaciones teatrales y cinematográficas continúan fuera del alcance del sector privado. La educación formal, desde la enseñanza infantil hasta los estudios universitarios y de posgrado, permanece igualmente bajo control estatal. Solo determinadas actividades de formación no formal, como la enseñanza de habilidades y pasatiempos, quedan abiertas a iniciativas privadas.
De esta manera, la reforma amplía el margen de actuación de los negocios privados en determinadas áreas comerciales y productivas, pero preserva el monopolio estatal sobre sectores considerados esenciales para el control económico, político y social del país.
El régimen cubano parece dispuesto a flexibilizar parcialmente la economía y conceder mayor espacio a la iniciativa privada, pero sin renunciar al control absoluto del sistema. La apertura busca aliviar la profunda crisis económica, atraer inversiones y generar nuevas fuentes de ingresos, mientras las áreas consideradas estratégicas continúan bajo dominio estatal y cualquier actividad que pueda favorecer la autonomía social o la libertad de pensamiento permanece estrictamente limitada.
En esencia, se trata de una apertura económica sin apertura política. El Gobierno de Miguel Díaz-Canel no muestra señales de estar dispuesto a realizar reformas que pongan en riesgo el poder que el Partido Comunista mantiene desde hace décadas. La estrategia parece orientada a permitir más actividad privada para sostener el sistema, pero sin ceder el control político, la prensa, la educación o la cultura. Para el régimen, cualquier cambio económico debe servir para garantizar su supervivencia y conservar el poder a toda costa, no para impulsar una transformación democrática del país.
Fuente: El Economista
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