El gobierno del presidente Donald Trump solicitó este viernes a la Corte Suprema de Estados Unidos una orden de emergencia que le permita retirar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a más de 300,000 migrantes venezolanos, pese a los fallos de instancias judiciales inferiores que habían bloqueado la medida.
El Departamento de Justicia presentó la petición después de que un juez federal en San Francisco, Edward Chen, y una corte de apelaciones confirmaran que la iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para poner fin a la protección era “arbitraria y caprichosa”. Ambos tribunales consideraron que la decisión se tomó de manera precipitada y con un objetivo político predeterminado.
La administración Trump argumenta lo contrario. En el documento judicial, el procurador general D. John Sauer señaló que este caso es “familiar” para la Corte Suprema, pues en mayo ya se presentó un escenario similar. En esa ocasión, el máximo tribunal revocó una orden preliminar del juez Chen que había impedido terminar el TPS para otros 350,000 venezolanos, y permitió que la medida continuara mientras el proceso avanzaba en tribunales menores.
Sauer afirmó que los jueces de instancias inferiores están desobedeciendo la línea marcada por la Corte Suprema en mayo y que la orden actual vuelve a detener “la anulación y terminación del TPS” bajo fundamentos “sin mérito”.
El TPS fue creado por el Congreso en 1990 con el objetivo de evitar deportaciones hacia países en crisis debido a conflictos armados, desastres naturales o inestabilidad política. Se otorga en períodos de 18 meses y puede renovarse a discreción del secretario de Seguridad Nacional. En el caso de Venezuela, la protección había sido otorgada durante la administración de Joe Biden como respuesta a la crisis política, económica y humanitaria del país.
No obstante, Trump ha insistido en reducir o eliminar varias de estas protecciones migratorias. Según cifras oficiales, su gobierno busca retirar el TPS a unos 600,000 venezolanos y 500,000 haitianos que habían recibido el beneficio bajo la administración anterior.
El juez Chen, al evaluar el caso, concluyó que el DHS actuó con “premura sin precedentes” y que sus funcionarios “tomaron las decisiones primero y luego buscaron una justificación legal para respaldarlas”. Una corte de apelaciones, encabezada por la jueza Kim Wardlaw, coincidió con esta visión y mantuvo la suspensión del plan de Trump.
Ahora, la batalla legal vuelve a la Corte Suprema, que deberá decidir si mantiene el bloqueo al gobierno federal o le permite proceder con la terminación del TPS. La decisión es de alto impacto, pues definiría el futuro inmediato de cientos de miles de migrantes venezolanos que actualmente residen y trabajan legalmente en Estados Unidos bajo esta figura.
Tensión en La Habana tras la incautación de un petrolero venezolano con destino a Cuba
Hace 20 horas
EE.UU. exige liberación de presos políticos en Cuba en Día de los Derechos Humanos(video)
Hace 1 día
Detienen en Miami Beach a un cubano acusado de exhibicionismo y allanamiento de morada
Hace 22 horas