El XI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) tiene lugar este sábado en un escenario atravesado por una crisis económica inédita, un malestar social en ascenso y una dinámica política que, según críticos, se sostiene en el hermetismo, la puesta en escena y la propaganda.
Más que funcionar como un espacio de deliberación real o de revisión interna, el pleno —convertido en una videoconferencia de apenas una jornada— es presentado como un movimiento de control político y comunicacional, pensado para sostener una imagen de cohesión alrededor del poder, mientras se afianzan transformaciones de fondo que beneficiarían a las élites gobernantes y ampliarían brechas de desigualdad.
Que el pleno haya sido recortado a un formato virtual y de un solo día opera, además, como un síntoma de la propia crisis. Aunque el Buró Político defendió la decisión con el argumento de “reducir gastos” y “mantener a los cuadros en sus territorios”, la lectura crítica sostiene que el cambio expone limitaciones materiales y políticas del Estado para sostener incluso sus rituales institucionales. El órgano partidista, que en teoría debería conducir y evaluar estrategias, queda reducido a una conexión digital bajo control, sin debate visible ni exposición pública.
La misma lógica se replica en la Asamblea Nacional del Poder Popular, que también sesionará este mes durante un único día y por videoconferencia, reforzando —según esta interpretación— un patrón de contracción institucional y pérdida de formalidad democrática incluso dentro del propio sistema. En la práctica, Partido y Parlamento quedarían como escenarios simbólicos que legitiman decisiones adoptadas con antelación por el núcleo de poder asociado a Raúl Castro y a la cúpula empresarial-militar de GAESA.
La reunión ocurre apenas una semana después de la entrada en vigor del Decreto-Ley 113/2025, que formaliza una dolarización parcial y consolida un esquema multimoneda bajo supervisión estatal. El ministro de Economía, Joaquín Alonso Vázquez, lo describió como una “actualización técnica”, pero el análisis crítico lo interpreta como continuidad del diseño impulsado por Alejandro Gil Fernández, exministro que cayó en desgracia y fue juzgado por corrupción y espionaje.
El decreto introduce un “sistema de gestión y asignación de divisas” en el que el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) y el Banco Central (BCC) determinan quién puede operar en dólares, con qué reglas y bajo qué límites. Sus detractores afirman que el resultado es la institucionalización de una economía segmentada: una esfera para actores autorizados —empresas estatales, inversionistas, mipymes conectadas al poder— y otra, mucho más precaria, para la mayoría que queda atada al peso cubano devaluado.
Lo que desde el oficialismo se presenta como “ordenamiento racional” es interpretado en este texto como una reforma de corte neoliberal disimulada, que descarga costos sobre la población mientras concentra el control de la divisa en el Estado y en GAESA. Además, se subraya la contradicción con la promesa de la Tarea Ordenamiento de 2021: lejos de desmontar la dolarización, el Decreto 113 la reconoce, la normaliza y la organiza según la conveniencia del poder.
El XI Pleno se desarrolla, además, en medio de un proceso en el que el Estado se reduce —no en su capacidad represiva o propagandística— sino en sus funciones públicas. La eliminación de espacios presenciales, la virtualización de órganos políticos y la falta de transparencia sobre presupuestos, tasas de cambio o inflación apuntan, para esta lectura, a una recentralización autoritaria: decisiones tomadas a puerta cerrada, sin rendición de cuentas ni participación social.
En ese marco, el discurso de austeridad sería más una cobertura para el repliegue del mando hacia círculos cada vez más estrechos del Partido y del entramado militar-económico que una política de eficiencia. Las instituciones que antes servían para escenificar consenso interno pasan a simular funcionamiento, mientras el poder real opera por fuera de ellas. El saldo, concluye este enfoque, es un Estado que no gobierna con políticas públicas, sino que gestiona el control social.
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