El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la reactivación de la pena de muerte a nivel federal con un enfoque más amplio y severo, que incluye no solo la inyección letal, sino también la posibilidad de aplicar pelotones de fusilamiento como método de ejecución.

La medida forma parte de la estrategia del presidente Donald Trump para reforzar el castigo penal en casos considerados de extrema gravedad. Según el comunicado oficial, el gobierno busca “fortalecer” el sistema de pena capital mediante la reimplementación de protocolos utilizados durante su primer mandato, así como la incorporación de nuevas alternativas para llevar a cabo las ejecuciones.

Entre los cambios anunciados se encuentra la readopción del uso del pentobarbital para la inyección letal, un fármaco que ha sido objeto de debate en el pasado, así como la ampliación de los métodos disponibles, incluyendo el fusilamiento. Además, el Departamento de Justicia señaló que se simplificarán los procesos internos para acelerar los casos de condenados a muerte.

Desde la administración, estas acciones se justifican como una forma de disuadir delitos violentos y ofrecer justicia a las víctimas. Sin embargo, el endurecimiento de estas políticas también reabre el debate sobre la aplicación de la pena de muerte en el país y sus implicaciones legales y éticas.

El giro marca una ruptura con la política de la administración anterior. En 2021, el entonces presidente Joe Biden impuso una moratoria a las ejecuciones federales con el objetivo de revisar los procedimientos y evaluar el uso de la pena capital. Al final de su mandato, Biden conmutó las penas de 37 de los 40 reclusos federales condenados a muerte, dejándolos con cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La suspensión fue levantada en 2025 por la entonces fiscal general Pam Bondi, quien instruyó a los fiscales a solicitar la pena de muerte en los casos que lo ameriten. Posteriormente, bajo el liderazgo interino de Todd Blanche en el Departamento de Justicia, se ha intensificado el impulso para aplicar el castigo máximo en delitos como asesinatos de agentes del orden, actos de terrorismo o crímenes cometidos por integrantes de organizaciones criminales.

Trump, desde el inicio de su segundo mandato, ha insistido en ampliar el uso de la pena capital, ordenando que se considere para delitos que, según su criterio, lo justifiquen plenamente. Su administración sostiene que la política anterior debilitó la seguridad pública al reducir la aplicación de sanciones extremas contra criminales peligrosos.

El regreso de prácticas como el pelotón de fusilamiento —poco comunes en la historia reciente del país— refleja un endurecimiento significativo del enfoque penal federal. Aunque el Departamento de Justicia defiende la legalidad de estos métodos, argumentando que no violan la Constitución, organizaciones de derechos civiles han cuestionado su compatibilidad con estándares modernos de derechos humanos.

Fuente: CBS News

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