En Santiago de Cuba, el acceso al agua potable ha dejado de ser un derecho garantizado para convertirse en una lucha diaria por la supervivencia. Decenas de barrios enfrentan un desabastecimiento prolongado que obliga a sus habitantes a recoger agua de salideros, zanjas y baches, expuestos a múltiples fuentes de contaminación. La denuncia de la ONG Food Monitor Program (FMP) confirma lo que los vecinos llevan meses repitiendo: la red hidráulica de la ciudad está en estado crítico tras décadas de abandono y reparaciones ineficaces.

Las roturas en las tuberías no solo desperdician el poco caudal disponible, sino que lo mezclan con aguas residuales y desechos, convirtiendo cada charco en un riesgo sanitario. Aun así, muchas familias no tienen alternativa. Cuando el agua llega por la red, suele hacerlo turbia y sin tratamiento, lo que obliga a improvisar métodos caseros de purificación que no siempre son suficientes ni posibles para todos.

En comunidades como San Ricardo, en el Consejo Popular José Martí, hay residentes que aseguran llevar hasta tres meses sin recibir suministro regular. Promesas de pipas que no llegan, autoridades ausentes y explicaciones que nunca aparecen han creado un clima de frustración y desamparo. Mientras tanto, el mensaje oficial traslada la responsabilidad del tratamiento del agua a los propios ciudadanos, como si la potabilización fuera un lujo y no una obligación del Estado.

La crisis del agua tiene además un impacto directo en la salud pública. El almacenamiento prolongado en recipientes sin condiciones adecuadas, sumado a la falta de productos para el control de vectores, ha favorecido la proliferación de mosquitos y el aumento de casos de chikungunya y otras arbovirosis. Los vecinos lo saben, pero tampoco pueden darse el lujo de desechar el agua que con tanto esfuerzo consiguen. Entre el riesgo de enfermar y la certeza de no tener con qué cocinar o asearse, la elección es forzada.

A este panorama se suma la aparición de un mercado informal del agua, donde pipas desviadas se venden a precios inalcanzables para la mayoría. Así, la escasez no solo castiga a los más vulnerables, sino que profundiza las desigualdades y normaliza que un recurso básico se convierta en mercancía.

FMP recuerda que el acceso al agua potable es un derecho socioeconómico fundamental. Sin embargo, en Santiago de Cuba, ese derecho se diluye entre tuberías rotas, promesas incumplidas y una política que descarga la solución en comunidades sin recursos. Mientras no exista una intervención estructural y sostenida, la ciudad seguirá atrapada en un ciclo de escasez, enfermedad y abandono, donde la sed no es solo física, sino también de respuestas y justicia.

Fuentes: ONU-UNICEF

ONG Food Monitor Program (FMP)

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