El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio un nuevo golpe a las compañías de cruceros que operaron en Cuba durante los años de apertura hacia La Habana, al reactivar una demanda relacionada con el uso de propiedades confiscadas por el régimen cubano tras la Revolución.

La decisión afecta a gigantes de la industria turística como Royal Caribbean International y Carnival Corporation, acusadas de beneficiarse económicamente de instalaciones portuarias expropiadas por el castrismo sin compensación a sus antiguos propietarios.

El fallo del máximo tribunal estadounidense, adoptado por una votación de 8 a 1, revive una demanda presentada bajo la Ley Helms-Burton, legislación que permite reclamar indemnizaciones a empresas que “trafiquen” con bienes confiscados por el régimen cubano después de 1959.

La opinión mayoritaria fue redactada por el juez Clarence Thomas, mientras que la jueza Elena Kagan fue la única magistrada que votó en contra.

El caso gira alrededor de las operaciones de cruceros en el puerto de La Habana, considerado por los demandantes como una propiedad confiscada ilegalmente por el gobierno cubano décadas atrás. Las empresas habrían utilizado esas instalaciones durante el período de flexibilización de viajes promovido durante la administración Obama.

La decisión judicial llega en un momento de creciente tensión entre Washington y La Habana, marcado por nuevas acciones del gobierno de Donald Trump contra la cúpula del régimen cubano.

Apenas un día antes del fallo, el Departamento de Justicia estadounidense anunció cargos contra el exdictador Raúl Castro por el derribo de las avionetas de “Hermanos al Rescate” en 1996, un caso que ha vuelto a elevar la presión política sobre el régimen.

Al anunciar esa acusación, el fiscal general interino Todd Blanche adelantó además que la Casa Blanca prepara nuevas medidas relacionadas con el embargo y las sanciones contra Cuba.

La reactivación de la demanda contra las compañías de cruceros representa un nuevo escenario legal para empresas internacionales que mantuvieron negocios con el régimen cubano utilizando propiedades nacionalizadas tras la llegada de Fidel Castro al poder.

Desde hace años, exiliados cubanos y antiguos propietarios han impulsado reclamaciones judiciales en Estados Unidos para exigir compensaciones por bienes confiscados por el castrismo, incluyendo puertos, hoteles, terrenos e infraestructuras turísticas.

El fallo del Supremo podría abrir la puerta a nuevas demandas y aumentar los riesgos legales para compañías extranjeras que operen o hayan operado en propiedades vinculadas a confiscaciones realizadas por el régimen cubano.

Fuente: CNN

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