El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, informó este jueves la destitución de más de 12.000 funcionarios policiales por su presunta participación en hechos de corrupción, en el marco de una nueva comisión oficial para la reforma del sistema de justicia penal.

El anuncio se realizó durante la instalación de la Comisión Nacional para la Reforma del Sistema de Justicia Penal, donde el alto funcionario presentó el proceso como parte de una política de “depuración” dentro de los cuerpos de seguridad del Estado. Según sus declaraciones, las medidas buscan combatir prácticas como la extorsión, el abuso de poder y el llamado “matraqueo” policial.

Cabello afirmó que los funcionarios separados de sus cargos habrían incurrido en delitos de corrupción, y citó como ejemplo recientes casos en los que agentes de seguridad presuntamente despojaron de dinero a ciudadanos en retenes y puntos de control. En uno de los episodios mencionados, ocurrido en el estado Lara, aseguró que los responsables ya fueron detenidos y puestos a la orden de la justicia.

Más allá de las cifras, el propio ministro reconoció la profundidad de las fallas en el sistema penal venezolano, al describirlo como una estructura marcada por distorsiones y prácticas irregulares durante años. En su intervención, señaló que muchos centros de detención preventiva han llegado a concentrar más personas que las cárceles formales, con casos de detenidos que permanecen años sin ser presentados ante tribunales.

“Es un sistema carcelario muy perverso”, admitió Cabello, al referirse a los retrasos procesales y a la acumulación de presos por delitos menores sin juicio oportuno.

El funcionario también denunció la existencia de esquemas de corrupción dentro del sistema judicial, en los que, según dijo, algunos detenidos debían pagar para ser llevados a tribunales o acelerar sus procesos. Aseguró que fiscales, jueces y otros funcionarios también han sido destituidos o detenidos como parte de las investigaciones en curso.

Asimismo, criticó el papel de estructuras internas dentro de los centros penitenciarios, donde ciertos reclusos ejercían control sobre otros presos y condicionaban su acceso a audiencias judiciales a cambio de pagos.

En cuanto a las medidas adoptadas, Cabello destacó la implementación de audiencias telemáticas para reducir el retardo procesal, así como el fortalecimiento de la formación policial a través de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), que, según cifras oficiales, ha incrementado significativamente su matrícula.

También resaltó la expansión de los llamados “cuadrantes de paz”, un esquema de seguridad territorial que, de acuerdo con el gobierno, cubre actualmente la mayor parte del país.

Sin embargo, el propio ministro reconoció que los problemas estructurales del sistema judicial y penitenciario están lejos de resolverse. “Falta muchísimo”, admitió, al señalar que persisten debilidades en distintos niveles del aparato de justicia venezolano, en un contexto donde la corrupción y la desconfianza institucional siguen siendo señaladas por diversos sectores dentro y fuera del país.

Fuente: El Nacional

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