Foto: Ministerio de Justicia y Paz y Presidencia
La decisión de la presidenta de Costa Rica Laura Fernández de sacar los televisores de las celdas de las cárceles ha generado repercusión internacional y ahora suma un nuevo capítulo: el Gobierno ordenó retirar también los tomacorrientes de los dormitorios de los privados de libertad. La medida llega después de un operativo que terminó con el decomiso de 352 televisores y 238 microondas en centros penitenciarios del país.
La decisión de la mandataria tica de eliminar los televisores de las celdas ha recorrido el mundo y, varios días después de su ejecución, la medida continúa generando comentarios. Ahora, la polémica suma un nuevo elemento: el Gobierno también ordenó retirar los tomacorrientes de los dormitorios penitenciarios.
La instrucción fue dada por Laura Fernández durante una conferencia de prensa, después de conocer los resultados del operativo nacional realizado por el Ministerio de Justicia para retirar aparatos eléctricos de las celdas.
El ministro de Justicia informó que las autoridades sacaron de las prisiones 352 pantallas de televisión y 238 hornos de microondas.
“Retiramos 238 microondas y 352 pantallas de las celdas de los privados de libertad”, explicó el funcionario al presentar los resultados de la operación.
La presidenta entonces planteó una pregunta que terminó convirtiéndose en una nueva orden: si ya no quedaban electrodomésticos autorizados en las celdas, ¿qué sentido tenía conservar las conexiones eléctricas?
“Entonces, ¿para qué tenemos tomacorrientes?”, preguntó Fernández antes de instruir al ministro para que también fueran eliminados.
La mandataria argumentó que mantenerlos carecía de sentido y podía generar riesgos relacionados con la manipulación de las instalaciones o el almacenamiento de objetos.
“No hay sentido de tener tomacorrientes en celdas si no tienen que conectar absolutamente ningún artefacto eléctrico”, afirmó.
El ministro respondió que trasladaría inmediatamente la disposición a la Dirección General de Adaptación Social y a la Policía Penitenciaria, encargadas de ejecutar la medida.
El Gobierno costarricense presenta estas decisiones como parte de una política orientada a reforzar la seguridad dentro de las cárceles y limitar beneficios que considera incompatibles con el régimen penitenciario.
La retirada de televisores y microondas ya había provocado debate sobre las condiciones que deben existir en las prisiones. Ahora, la eliminación de los enchufes amplía una política que busca impedir que los aparatos eléctricos vuelvan a instalarse en las celdas.
Por ahora, las autoridades no han informado cuántas cárceles serán intervenidas, cuánto costará retirar las conexiones ni cuándo concluirán los trabajos.
La medida, sin embargo, ya convirtió a Costa Rica nuevamente en centro de atención por su particular enfoque sobre la vida cotidiana de los presos.
La medida se inscribe en el giro de mano dura en materia de seguridad que ha marcado el discurso de Fernández y que guarda similitudes con el modelo impulsado en El Salvador por Nayib Bukele, presidente al que la mandataria costarricense ha expresado admiración. Bukele se ha convertido en un referente regional para gobiernos y sectores que defienden políticas más severas contra la delincuencia y un mayor control dentro de las cárceles.
Fuente: INFOBAE
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