El gobierno de España aprobó un nuevo decreto que garantiza el acceso a la atención sanitaria pública para personas extranjeras que residen en el país sin tener una situación administrativa regular. La medida fue aprobada por el Consejo de Ministros con el objetivo de unificar los criterios de acceso al sistema de salud en todo el territorio.
La norma fue impulsada por el Ministerio de Sanidad de España junto al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España y busca eliminar obstáculos administrativos que, según las autoridades, estaban dificultando el acceso efectivo a los servicios médicos en distintas comunidades autónomas.
Con el nuevo decreto se simplifican los trámites necesarios para que las personas en situación irregular puedan acceder a la sanidad pública. A partir de ahora, el reconocimiento del derecho se realizará mediante una declaración responsable, un documento en el que el solicitante afirma que no dispone de cobertura sanitaria por otra vía ni puede acceder a ella desde otro país.
La ministra de Sanidad, Mónica García, señaló que la medida busca hacer efectiva la universalidad del sistema sanitario español y reducir los obstáculos burocráticos que, en la práctica, dejaban a algunas personas sin acceso a atención médica.
El decreto también desarrolla aspectos previstos en la legislación sanitaria española para reforzar la seguridad jurídica y asegurar que el derecho a la asistencia médica se aplique de manera similar en todas las regiones del país.
Uno de los puntos centrales de la norma es la flexibilización de los documentos que pueden utilizarse para acreditar residencia en España. Aunque el empadronamiento sigue siendo el documento principal, el decreto permite presentar otros comprobantes.
Entre las alternativas aceptadas figuran certificados de escolarización en centros públicos, informes de servicios sociales, registros de visitas a instituciones públicas, facturas de servicios básicos a nombre del solicitante o documentos emitidos por consulados.
Además, para evitar retrasos en la atención médica, el sistema prevé que al presentar la solicitud se entregue un documento provisional que permita acceder a los servicios de salud mientras se tramita el expediente. Este documento será válido en cualquier comunidad autónoma.
La administración tendrá un plazo de tres meses para resolver la solicitud. Si transcurre ese tiempo sin respuesta, el trámite se considerará aprobado automáticamente por silencio administrativo en los casos iniciados por el propio solicitante.
Una vez reconocido el derecho, la cobertura sanitaria no tendrá fecha de caducidad, salvo que la persona obtenga posteriormente acceso al sistema de salud por otra vía legal.
El decreto también establece acceso inmediato a la atención sanitaria para ciertos grupos considerados vulnerables, independientemente de su situación administrativa. Entre ellos se encuentran menores de edad, mujeres embarazadas y víctimas de violencia.
En el caso de las mujeres embarazadas, el acceso a la asistencia incluye también los servicios relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo dentro del sistema público.
La norma contempla igualmente atención para personas que solicitan protección internacional o protección temporal en el país.
Para garantizar el control del gasto público, el decreto incorpora mecanismos de verificación. Si una solicitud es finalmente denegada, las autoridades podrán facturar las prestaciones sanitarias recibidas durante el proceso.
Sin embargo, no se aplicará esa facturación si la persona demuestra posteriormente que sí cumplía con los requisitos en el momento de recibir la atención médica.
Además, si las autoridades detectan información falsa o inexacta en la declaración responsable presentada por el solicitante, el documento provisional quedará sin efecto y la administración podrá exigir el reintegro del costo total de los servicios recibidos.
La norma también establece que las personas que estén exentas de pagar medicamentos dentro del sistema sanitario público quedarán automáticamente exentas de pagar productos ortopédicos o prótesis cuando sean recetados dentro del sistema nacional de salud.
Fuente: El Mundo
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