Nayra Guzmán, una joven madre mexicana de 22 años residente en los suburbios de Chicago, ha protagonizado uno de los episodios más indignantes relacionados con el sistema migratorio estadounidense en los últimos meses.
Apenas dos semanas después de someterse a una cesárea y mientras su bebé permanecía hospitalizada en cuidados intensivos neonatales, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la detuvieron cuando se dirigía a visitar a su recién nacida.
Guzmán había enfrentado un embarazo complicado marcado por preeclampsia, una condición que pone en riesgo tanto a la madre como al bebé. Su hija nació con problemas de respiración y tuvo que ser trasladada de emergencia a la UCIN, lo que dejó a la joven madre emocional y físicamente vulnerable. En medio de este panorama, la rutina diaria de las visitas al hospital era su única fuente de esperanza.
Mientras Nayra, su madre y su hermano menor se preparaban para salir hacia el centro médico, varios agentes de ICE los interceptaron y la detuvieron sin darle tiempo siquiera a comprender lo que ocurría.
Según su testimonio, los oficiales se enfocaron en interrogarla sobre su estatus migratorio y el de su familia, ignorando completamente su recuperación posquirúrgica y la situación crítica de su hija.
Durante las 34 horas que estuvo bajo custodia en el Centro de Procesamiento de Broadview, Guzmán asegura que no recibió atención médica pese a su cesárea reciente, diabetes tipo 1 y la necesidad urgente de extraer leche para mantener la alimentación de su bebé.
La falta de comida, agua y descanso deterioró aún más su salud, provocándole fiebre y un cuadro gripal que la obligó a mantenerse lejos de su hija, cuando al fin fue liberada.
El caso desató preocupación entre defensores de derechos humanos y legisladores, quienes denuncian un patrón de negligencia hacia mujeres embarazadas o recién paridas bajo custodia de ICE.
Organizaciones señalan que la agencia ha sido señalada repetidamente por ofrecer condiciones inadecuadas, falta de atención médica básica y episodios de abuso que ponen en riesgo la vida de madres y bebés.
Ante esta ola de denuncias, la congresista Delia Ramírez ha propuesto una resolución para exigir protección reforzada a inmigrantes en estado vulnerable, recordando que la salud reproductiva y los derechos humanos no deben depender del estatus migratorio de ninguna persona.
Fuente: The Morror US
Otaola expande su dominio con la compra de una propiedad campestre de casi 1.5 millones
Hace 2 horas