Un operativo realizado por inspectores del Grupo Provincial de Inspección y agentes del Ministerio del Interior (Minint) en Ciego de Ávila terminó con una multa de 40.000 pesos cubanos (CUP) a un vendedor de arroz que incumplía el precio topado del grano, fijado por el Gobierno como parte de sus medidas para contener la inflación descontrolada que atraviesa el país.
El procedimiento ocurrió en la intersección de José María Agramonte y Joaquín de Agüero, donde las autoridades detectaron sobreprecio y violaciones en el peso del producto. Además de la multa, se ordenó la venta forzosa del arroz al precio oficial y se presentaron dos denuncias adicionales por reincidencia.
La acción se basó en el Acuerdo 10093, publicado en la Gaceta Oficial No. 7 del 7 de marzo de 2025, que establece un precio máximo de 155 CUP por libra de arroz y tarifas reguladas para el frijol. Según esa norma, el vendedor violaba la regulación por apenas cinco pesos, lo que bastó para activar sanciones administrativas y penales bajo las categorías de precio “abusivo” y “especulativo”.
Los controles del Gobierno sobre el mercado no son nuevos. En julio de 2024 ya habían entrado en vigor límites de precios para productos como pollo, aceite, leche en polvo, salchichas y detergente.
La viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez, aseguró entonces que estos topes serían de “actuación permanente”, pero la realidad en las calles muestra lo contrario.
Vecinos de Ciego de Ávila denuncian que el frijol se vende a 450 CUP, el arroz “al precio que quieran” y que muchos vendedores manipulan las pesas.
Una consumidora relató que pagó cinco libras de arroz y recibió solo tres y media. Cuando regresó a reclamar, el vendedor ya se había marchado.
Los comentarios en redes sociales reflejan frustración acumulada.
Muchos exigen presencia diaria de inspectores, operativos sorpresa y sanciones más contundentes, incluidos decomisos y procesos judiciales.
Otros apuntan directamente a la corrupción institucional:
“No sirve de nada que controlen si nadie controla al inspector”, denuncia un usuario.
La población reconoce que la inflación, el desabastecimiento y el mercado negro no se resolverán mientras exista corrupción interna en los órganos encargados del control y mientras las medidas se apliquen selectivamente contra pequeños vendedores, mientras las empresas estatales continúan vendiendo caro sin consecuencias.
Según la ley, la multa de 40.000 CUP debe pagarse en 30 días. Si no se paga, se duplica.
Después de otros 30 días sin pagar, se inicia un proceso penal contra el infractor.
El caso vuelve a exponer la distancia entre las regulaciones oficiales y el mercado real, donde la escasez y la especulación siguen marcando el ritmo de los precios, al tiempo que la población denuncia que los controles terminan castigando al eslabón más débil de una cadena atravesada por corrupción y precariedad.
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