El nuevo curso universitario en Cuba comenzará el 1 de septiembre marcado por la falta de combustible, los problemas de transporte, los apagones y las dificultades de conectividad. La respuesta oficial vuelve a reducir la presencialidad y trasladar actividades a los municipios, una medida presentada como solución organizativa, pero que también evidencia el deterioro de las condiciones materiales de la educación superior.
Las universidades cubanas iniciarán el curso 2026-2027 en un escenario que deja poco margen para hablar de normalidad. El Ministerio de Educación Superior (MES) confirmó que la formación continuará con una combinación de modalidades presenciales, semipresenciales y a distancia, mientras parte de las actividades será trasladada a los municipios donde residen los estudiantes.
La medida pretende reducir los desplazamientos en un país golpeado por la escasez de combustible y transporte. Sin embargo, detrás de esta reorganización existe una realidad más profunda: las universidades están adaptando su funcionamiento a una crisis que ya afecta de manera directa el proceso educativo.
En el curso por encuentros, por ejemplo, la presencialidad quedará reducida a una vez al mes. Los Centros Universitarios Municipales y las Filiales Universitarias Municipales asumirán más funciones académicas y administrativas, con el objetivo de evitar que los estudiantes tengan que viajar constantemente hasta las sedes principales.
El problema es que estudiar a distancia requiere condiciones que tampoco están garantizadas. Los apagones, la limitada conectividad a internet y las dificultades económicas de muchas familias pueden convertir la enseñanza remota en una carga adicional para estudiantes y profesores.
Algunas universidades han diseñado calendarios alternos para disminuir la concentración de alumnos. En Matanzas, por ejemplo, los estudiantes serán distribuidos por bloques, mientras que en Sancti Spíritus se prevén concentrados semanales para quienes viven en municipios alejados.
La situación tampoco es nueva. Durante el curso anterior hubo suspensión de clases presenciales, protestas estudiantiles por los apagones y, finalmente, un cierre adelantado del período académico. Además, miles de estudiantes becados fueron enviados de regreso a sus municipios ante la falta de combustible.
El discurso oficial insiste en garantizar la continuidad de los estudios y atribuye buena parte de las dificultades al embargo estadounidense. Pero la realidad cotidiana muestra que la crisis energética y de transporte está obligando a modificar la estructura universitaria.
Más que una modernización de la educación, la reducción de la presencialidad parece ser, en buena medida, una respuesta de emergencia ante la incapacidad de garantizar las condiciones básicas para mantener el funcionamiento habitual de las universidades.
Fuente: MES
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