La plataforma opositora Acuerdo de Liberación y la Asociación Cubano-Americana de Abogados (CABA) anunciaron una alianza con el objetivo de desarrollar propuestas jurídicas e institucionales que sirvan de base para una eventual transición democrática en Cuba.

La iniciativa fue presentada durante una conferencia en Miami, donde representantes de ambas organizaciones destacaron la importancia de diseñar con antelación el andamiaje legal que requeriría un eventual cambio político en la isla.

Rosa María Payá, coordinadora del Acuerdo de Liberación, explicó que el proyecto busca responder a los desafíos que surgirían tras una posible transformación del sistema político cubano. Según indicó, el trabajo se centra en elaborar normas, estructuras y mecanismos que permitan establecer un Estado de derecho desde las primeras etapas de una transición.

De acuerdo con Payá, el plan contempla la colaboración de abogados y especialistas dentro y fuera de Cuba para preparar propuestas en áreas como la administración pública, la organización institucional y las garantías jurídicas. La coalición trabaja sobre una hoja de ruta dividida en tres fases: liberación, estabilización y reconstrucción democrática.

Entre las prioridades señaladas figuran la recuperación de las instituciones, el fortalecimiento de la independencia judicial, la protección de los derechos fundamentales y la creación de un marco legal que facilite la gobernabilidad durante un eventual proceso de cambio.

Por su parte, el presidente de CABA, Jordi Martínez-Cid, afirmó que la organización lleva años elaborando estudios y proyectos relacionados con una posible transición en Cuba. Asimismo, señaló que la asociación está incorporando abogados, jueces y estudiantes de Derecho de la diáspora para contribuir al diseño de futuras reformas legales.

Durante el encuentro también intervino el opositor José Daniel Ferrer, quien sostuvo que cualquier proceso de reconstrucción nacional requerirá instituciones independientes y un sistema jurídico sólido que garantice la separación de poderes y el respeto a las libertades fundamentales.

Los promotores de la iniciativa consideran que una planificación previa puede facilitar una eventual transición y evitar vacíos institucionales en caso de un cambio político. En ese sentido, subrayaron que el objetivo es contar con propuestas concretas que permitan impulsar la estabilidad, la seguridad jurídica y la reconstrucción democrática desde las primeras etapas de ese proceso.

La alianza representa uno de los esfuerzos recientes orientados a preparar un marco normativo para un posible escenario de transformación política en Cuba, apoyándose en el trabajo conjunto de organizaciones opositoras y profesionales del ámbito jurídico.

(Con información de Martí Noticias)

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