El régimen de Daniel Ortega volvió a sacudir su ya inestable estructura diplomática con la destitución de Daysi Ivette Torres Bosques, quien apenas llevaba unas semanas como embajadora en La Habana. La decisión, ejecutada sin explicación pública, refuerza la imagen de improvisación y opacidad que caracteriza la política exterior del sandinismo.
Torres Bosques había sido designada oficialmente el 3 de febrero de 2026 mediante un acuerdo presidencial, pero su salida se concretó el 24 de marzo, quedando formalizada días después en el diario oficial. Su paso por la sede diplomática en Cuba se convierte así en uno de los más breves en la historia reciente del servicio exterior nicaragüense.
Antes de este nombramiento, la funcionaria había ocupado cargos relevantes dentro del aparato del régimen, incluyendo la alcaldía de Managua y la embajada en Venezuela. Su constante rotación refleja una práctica común dentro del círculo de poder liderado por Ortega y Rosario Murillo, donde los movimientos de funcionarios suelen responder más a intereses políticos que a una estrategia coherente.
Aunque el gobierno no ha ofrecido razones oficiales, el contexto regional ayuda a entender el trasfondo de esta decisión. Nicaragua enfrenta un creciente aislamiento internacional, agravado por su cercanía con regímenes como el de Cuba y Venezuela, ambos bajo presión externa. A esto se suman cambios recientes en el escenario político del Caribe y América Latina que han obligado a Managua a reajustar su postura.
La destitución ocurre en medio de un endurecimiento de la política de Estados Unidos hacia La Habana y de una mayor vigilancia internacional sobre los aliados del bloque autoritario en la región. En ese escenario, el régimen sandinista parece moverse de forma reactiva, intentando reorganizar su representación exterior sin ofrecer transparencia ni rendición de cuentas.
Este episodio también pone en evidencia la fragilidad institucional de la diplomacia nicaragüense. La rápida sustitución de figuras clave, sin explicaciones ni continuidad estratégica, debilita la credibilidad del país en el ámbito internacional y confirma la centralización de decisiones en el núcleo de poder.
A ello se suma el progresivo aislamiento del régimen. En los últimos años, Nicaragua ha abandonado varios organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y agencias vinculadas a derechos humanos, alimentación y trabajo, tras recibir críticas por violaciones sistemáticas a las libertades fundamentales.
Lejos de corregir el rumbo, estas decisiones han profundizado la desconexión del país con la comunidad internacional y han limitado los espacios de cooperación. La salida de organismos como la UNESCO, tras reconocer a medios independientes, evidencia además la intolerancia del régimen frente a cualquier señal de crítica.
Fuente: Infobae