Una auditoría de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO) cuestiona la forma en que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha acelerado su expansión de capacidad de detención durante la administración de Donald Trump. El organismo identificó más de $20 millones en gastos no recuperables y compras inmobiliarias por unos $1,070 millones que ahora están siendo parcialmente revertidas.
La expansión del sistema de detención migratoria de Estados Unidos enfrenta nuevas preguntas sobre planificación, supervisión y uso de fondos públicos después de que la GAO publicara un informe que documenta millones de dólares en gastos que podrían no recuperarse.
El organismo federal examinó las iniciativas emprendidas por ICE desde enero de 2025 para incrementar rápidamente el número de camas disponibles para personas detenidas por cuestiones migratorias. Según la auditoría, la agencia destinó miles de millones de dólares a seis iniciativas sin contar previamente con un plan estratégico integral que estableciera objetivos, necesidades de recursos y criterios para determinar qué instalaciones resultaban más convenientes.
Uno de los casos más llamativos fue la adquisición de 11 almacenes que ICE pretendía transformar en grandes centros de detención. El costo de esas propiedades ascendió a aproximadamente $1,070 millones. Sin embargo, en junio de 2026 funcionarios de ICE informaron a la GAO que estaban trabajando para vender siete de los inmuebles.
El problema no termina con la venta. ICE reconoció más de $20 millones en costos no recuperables, relacionados con trabajos como evaluaciones de zonificación, seguridad y otras actividades previas destinadas a instalaciones que ya no forman parte del plan. La GAO advirtió además que podrían producirse pérdidas adicionales si las propiedades terminan vendiéndose por debajo del precio de adquisición.
La investigación de CBS News añadió que, después de abandonar parcialmente el proyecto de los almacenes, ICE trasladó otros $2,200 millones desde una cuenta de garantía para adquirir cuatro centros de detención de CoreCivic, empresa privada que también opera instalaciones para la agencia. CBS informó además que aproximadamente $1,550 millones permanecían depositados en esa cuenta para futuras adquisiciones.
Los problemas señalados por la GAO no se limitan a las propiedades. En otro informe publicado en junio, el organismo encontró deficiencias en Camp East Montana, en Texas, una instalación construida para ampliar considerablemente la capacidad de detención. El contrato obligaba a pagar determinados servicios y comidas incluso cuando el número de personas detenidas era muy inferior a la capacidad máxima.
La GAO recomendó que ICE elabore un plan estratégico integral antes de continuar ampliando el sistema. El Departamento de Seguridad Nacional aceptó la recomendación, pero ICE prevé completar ese plan el 31 de agosto de 2027, plazo que la propia GAO considera demasiado lejano ante el volumen de recursos involucrados.
Fuentes: CBS News -Telemundo-Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO)
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