La administración del presidente Donald Trump anunció la cancelación de cientos de millones de dólares previamente aprobados por el Congreso para financiar programas destinados a refugiados, solicitantes de asilo y otros inmigrantes en Estados Unidos.
La medida forma parte de un paquete de recortes que supera los 800 millones de dólares y que también afecta iniciativas relacionadas con minorías y otros programas gubernamentales. Según la CNN, una de las principales partidas eliminadas corresponde a servicios para refugiados y personas que buscan protección en territorio estadounidense.
En concreto, el Gobierno decidió retirar unos 567 millones de dólares asignados al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para programas dirigidos a refugiados, asilados y otros grupos migrantes.
Los fondos habían sido aprobados previamente por el Congreso, lo que ha generado cuestionamientos de legisladores que consideran que la Casa Blanca podría estar excediendo sus facultades al cancelar unilateralmente recursos autorizados por el poder legislativo.
La administración Trump defendió la decisión y sostuvo que está utilizando las herramientas disponibles para reducir lo que considera gasto público innecesario o perjudicial para los ciudadanos estadounidenses.
Además de los programas migratorios, el paquete incluye reducciones de fondos para iniciativas relacionadas con el desarrollo empresarial de minorías y proyectos ambientales en el extranjero.
La decisión representa un nuevo episodio en la disputa entre la Casa Blanca y el Congreso sobre el control del gasto federal. El Ejecutivo sostiene que determinados programas respaldan políticas migratorias con las que no está de acuerdo y que los recursos públicos deben concentrarse en otras prioridades.
Los programas afectados incluyen servicios que proporcionan asistencia a refugiados y otras personas que ingresan legalmente al país bajo diferentes mecanismos de protección. Entre las organizaciones que dependen de estos fondos se encuentran entidades sin fines de lucro que ofrecen apoyo para la integración, alojamiento, alimentación, atención médica y otros servicios.
El anuncio se produce mientras la administración Trump mantiene una política migratoria más restrictiva, con mayores controles en la frontera y medidas destinadas a reducir la inmigración irregular.
La disputa sobre los fondos podría tener nuevas repercusiones en los tribunales y en el Congreso, especialmente porque los recursos fueron incluidos previamente en leyes de asignaciones aprobadas por los legisladores.
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