El segundo proceso judicial contra el exministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil Fernández, concluyó este sábado en el Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana, en un ambiente marcado por el secretismo habitual del régimen. La información fue confirmada por el periodista Mario J. Pentón, de Martí Noticias, quien obtuvo testimonios exclusivos de familiares y fuentes cercanas al caso.
A diferencia del juicio celebrado hace dos semanas por presuntos delitos de espionaje —en el que, según fuentes citadas, la Fiscalía habría solicitado cadena perpetua— esta nueva vista se enfocó en cargos económicos, entre ellos malversación, evasión fiscal, tráfico de influencias y lavado de activos. El Gobierno cubano no ha divulgado la lista de acusados ni detalles sobre la investigación, pese a tratarse de uno de los procesos más sensibles dentro de la élite oficialista en la última década.
En declaraciones a Mario J. Pentón, María Victoria Gil, hermana del exministro, criticó duramente el hermetismo que rodea el caso. Señaló que ni los medios oficiales informaron sobre el juicio y que la ciudadanía permanece ajena a lo que ocurre: “Ni el noticiero dijo una palabra. Es una falta de respeto al pueblo de Cuba.”
Los hijos del exfuncionario lograron entrar a la sala, pero únicamente después de firmar compromisos de confidencialidad, lo que les impide hablar públicamente sobre lo que presenciaron.
La hermana sostiene que Alejandro Gil reconoció ciertos delitos económicos, pero insiste en que es imposible que haya actuado sin el respaldo de otros altos cargos: “Los verdaderos responsables han desaparecido del proceso. Alejandro es el chivo expiatorio.”
Uno de los elementos más llamativos del proceso, según lo relatado a Pentón, fue la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel como testigo de cargo. Para la familia, este gesto representa una ruptura definitiva después de años de colaboración política y cercanía personal.
María Victoria Gil asegura que detrás del caso hay intereses dentro del estamento militar molestos por el manejo de la Tarea Ordenamiento, la polémica reforma económica impulsada durante la gestión de Gil.
Entre los puntos debatidos en el tribunal figura la posible confiscación de la vivienda de Gil en Miramar, pese a tratarse de una permuta aprobada por el Estado. La familia denuncia que se intenta presentar ese inmueble como parte de un enriquecimiento ilícito que, según afirman, no corresponde a la realidad.
La hermana del exministro también cuestionó el silencio de figuras que mantuvieron estrecho vínculo con él, como el trovador Israel Rojas y el presentador Humberto López, a quienes acusa de haberlo abandonado desde el momento de su detención.
El juicio contra Alejandro Gil se perfila como uno de los casos judiciales más delicados que ha enfrentado la cúpula gobernante en la última década. Aunque no se ha anunciado una fecha para la sentencia, el hermetismo estatal sugiere que el régimen intenta manejar el caso con extrema cautela para evitar fracturas internas y cuestionamientos públicos.
(Con información de Martí Noticias)
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