Miles de cubanos que ingresaron a Estados Unidos bajo la figura de “libertad bajo palabra” con el formulario I-220A enfrentan hoy un limbo migratorio. Aunque están físicamente en el país, este documento no les otorga un estatus legal reconocido ni les permite aplicar a la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano. Ante esta situación, varios abogados de inmigración están preparando demandas colectivas para intentar resolver esta situación legal.
El formulario I-220A es un documento utilizado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en procesos de detención migratoria. Fue entregado a numerosos cubanos al momento de ingresar a Estados Unidos y se interpreta como una forma de libertad bajo palabra. Sin embargo, a diferencia del parole tradicional, el I-220A no representa un estatus migratorio formal.
En septiembre de 2023, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) determinó que este formulario no puede ser considerado un parole, lo que impide a quienes lo tienen aplicar a la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano. Esta ley permite a los ciudadanos cubanos solicitar la green card un año y un día después de entrar legalmente a EE.UU., siempre que hayan sido admitidos o se encuentren bajo parole.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) también ha reiterado que el I-220A no constituye prueba de admisión ni de categoría migratoria, lo que deja a sus portadores sin opción clara de regularizar su estatus.
Ante esta situación, varios abogados de inmigración en Florida están organizando demandas colectivas con el objetivo de reclamar que los cubanos con I-220A fueron mal procesados en la frontera, y por tanto deberían ser considerados como admitidos bajo parole.
Uno de los abogados que lidera esta iniciativa es Arno Lemus, quien afirmó que planea presentar una demanda a finales de septiembre. Según explicó al medio Diario Las Américas, el eje del argumento legal es que muchas de estas personas fueron liberadas bajo un programa que era legítimo en su momento, y que el error fue del gobierno al no otorgarles el estatus migratorio adecuado.
Lemus contempla tres posibles desenlaces:
Que el gobierno llegue a un acuerdo y legalice a los demandantes.
Que se gane el caso, sentando un precedente que beneficie a miles.
Que se pierda la demanda, pero con posibilidad de apelar.
Por otro lado, el bufete Eduardo Soto & Asociados, en Miami, también está convocando a cubanos afectados para sumarse a una acción legal colectiva. Para participar, los interesados deben cumplir con tres requisitos:
Tener el formulario I-220A.
Haber solicitado la residencia y haber sido rechazados por USCIS.
Vivir en el sur de Florida.
En su sitio web, el despacho afirma que el objetivo de la demanda es revertir las negativas de residencia y lograr una vía de regularización para los afectados. “Creemos que todos los cubanos en esta situación merecen una solución justa”, señalan.
Finalmente, la abogada Claudia Canizares, conocida por su trabajo en temas migratorios, también ha confirmado que prepara una demanda. En una entrevista con el canal Cuba en Miami, explicó que, por razones estratégicas, aún no puede divulgar detalles, pero invitó a los interesados a contactar directamente a su despacho.
Fuente: La Nación
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