El 23 de junio de 2025, cinco facultades de la Universidad de La Habana enviaron una carta al Secretariado Nacional de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) solicitando la destitución inmediata del presidente y vicepresidente de dicha organización, Hugo Fuentes Surduy y Daniel Alejandro Corrales Ponce, respectivamente.
Esta acción sin precedentes desde 1959 acusa a ambos dirigentes de “abuso de la autoridad”, según lo establecido en los artículos 225 y 239 del ABC de la organización, y se fundamenta en su incumplimiento reiterado de acuerdos cruciales y la ocultación de información relevante para la comunidad estudiantil.
Las facultades firmantes – Filosofía e Historia, Matemática y Computación, Psicología, Información Social y Derecho y Biología – justifican la petición señalando que los líderes de la FEU no cumplieron con compromisos adoptados en reuniones previas, especialmente en relación con los diálogos suscitados tras las protestas estudiantiles por el reciente aumento de las tarifas de internet impuesto por ETECSA.
En particular, se les reprocha no haber emitido un pronunciamiento oficial ni haber informado a los estudiantes sobre las posturas acordadas en encuentros con representantes de la empresa estatal y del Ministerio de Comunicaciones.
El conflicto comenzó el 30 de mayo de 2025, cuando ETECSA aplicó un incremento significativo en los precios de los paquetes de datos móviles, cuyos costos ahora superan el salario mínimo mensual promedio en Cuba (2,100 CUP).
Este tarifazo generó un fuerte descontento en la población estudiantil y en la sociedad en general, ya que afectó directamente el acceso a internet, una herramienta esencial para la educación y la comunicación en el contexto actual.
En las reuniones privadas entre dirigentes de la FEU y la empresa estatal, se discutieron propuestas polémicas para intentar mitigar el impacto del alza. Entre ellas destacó la sugerencia de reducir la velocidad de conexión para abaratar los paquetes, una medida criticada por ser poco práctica y que no ataca el problema central: la calidad y accesibilidad real del servicio. También se planteó la opción de crear paquetes familiares y la posibilidad de que se cobre una tarifa en divisas para acceder a conexiones más rápidas, lo que podría aumentar aún más la brecha digital.
Esta situación evidenció la creciente distancia entre los representantes estudiantiles y la comunidad universitaria, poniendo en tela de juicio la legitimidad y la responsabilidad de los dirigentes de la FEU.
La carta de destitución simboliza un rechazo contundente al manejo opaco, la falta de transparencia y el aparente sometimiento de los líderes estudiantiles a los intereses del Partido y el Gobierno, que dominan esta organización desde hace décadas.
En suma, el caso marca un momento histórico en la Universidad de La Habana, donde por primera vez un número significativo de facultades se unen para exigir un cambio real y una mayor defensa de los derechos e intereses de los estudiantes frente a las decisiones que afectan su vida académica y social.
SCN Noticias