En la provincia de Granma, específicamente en Río Cauto, un operativo policial sorprendió en la madrugada a un grupo de individuos que transportaban más de 1000 libras de carne de res en dos vehículos estatales, sin autorización para circular a esa hora. La carne provenía presuntamente del sacrificio ilegal de ganado, en un hecho que ha consternado a los vecinos de la zona cercana a la presa Cauto El Paso, donde ocurrieron los hechos.
Según relatos compartidos en redes sociales por perfiles vinculados a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), los implicados fueron interceptados por agentes del orden público cuando intentaban sacar del lugar la carne robada, utilizando medios de transporte pertenecientes al Estado. Esta acción ilegal se habría ejecutado en un área rural de difícil acceso, que conecta con los límites de Cauto Cristo y Bayamo.
Aunque no se han ofrecido detalles oficiales sobre la identidad de los detenidos ni el destino final del producto, fuentes locales sugieren que no era la primera vez que operaban de esta manera. El modus operandi incluiría el sacrificio clandestino de los animales —posiblemente sin el consentimiento de sus propietarios—, su despiece en patios de viviendas particulares y posterior comercialización en el mercado informal.
Este tipo de delito no solo pone de relieve el auge del robo y sacrificio ilegal de ganado, sino también las profundas grietas del sistema económico cubano. Con una población que enfrenta cada vez mayores niveles de escasez alimentaria, y con la carne de res convertida en un bien de lujo casi inalcanzable para la mayoría, el crimen encuentra terreno fértil en la desesperación y la impunidad.
En Cuba, el sacrificio de ganado vacuno sin autorización estatal está penado con severidad, en un intento por frenar este tipo de prácticas. Sin embargo, la propia ineficiencia del sistema de distribución de alimentos y los privilegios que rodean el consumo de carne roja en sectores gubernamentales y turísticos alimentan el mercado negro. Para muchos cubanos, acceder a un pedazo de carne legalmente es una odisea, mientras que en las calles se sabe que "todo se consigue si se paga bien".
La utilización de vehículos estatales en este caso también pone en entredicho el control institucional sobre los recursos públicos. No es la primera vez que medios del Estado son empleados para actividades delictivas, lo que sugiere niveles de complicidad o, al menos, negligencia por parte de funcionarios encargados de velar por su uso correcto.
Aunque la narrativa oficial intenta presentar estos operativos como muestras de la eficiencia del control policial, no se puede obviar que muchos de estos reportes son divulgados a través de redes sociales afines al régimen, más interesados en aparentar firmeza que en esclarecer las verdaderas causas estructurales del problema.
En este contexto, el delito es solo un síntoma de una enfermedad más profunda: una crisis económica crónica que deja a los campesinos desprotegidos, a la población sin alimentos y a los delincuentes cada vez más ingeniosos para llenar un vacío que el Estado no logra —ni parece dispuesto a— resolver.
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