Foto de El País
El Gobierno cubano anunció el cierre parcial o total de decenas de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) como parte del llamado “Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía”, una decisión que llega en medio del deterioro productivo general y de una relación cada vez más tirante entre el Estado y la iniciativa privada.
En su intervención ante la Asamblea Nacional, el primer ministro Manuel Marrero explicó que, dentro del proceso de “redimensionamiento, desarrollo y gestión de la empresa estatal socialista y los restantes actores económicos”, se realizaron comprobaciones a entidades que se declaraban en pérdidas. De 869 revisadas, el 87 % mantenía esa condición, lo que derivó —según dijo— en la clausura total o parcial de 65.
Marrero atribuyó los resultados a fallas de gestión interna: ausencia de sistemas contables adecuados, omisiones en el registro de ingresos y gastos, y deficiencias en la contabilidad. Esas irregularidades fueron presentadas como base para las decisiones de cierre, que impactan directamente a un sector que, desde su legalización en 2021, se ha convertido en uno de los más activos del panorama económico cubano.
En paralelo, el jefe de Gobierno ofreció cifras sobre el crecimiento del esquema empresarial. Aseguró que este año se constituyeron 77 mipymes estatales, elevando a 330 el total de ese tipo. También informó que se registraron 816 mipymes privadas, con lo cual el país alcanza 11 866 en esa modalidad, además de dos cooperativas no agropecuarias que llevan el total de esas estructuras a 73.
Aun con ese aumento, Marrero enfatizó que “continúan las acciones para el ordenamiento de sus objetos sociales”, una formulación que en la práctica se traduce en más controles, revisiones y ajustes administrativos. También anunció el ordenamiento del comercio mayorista para actores no estatales, eliminando la obligación de operar únicamente mediante entidades estatales para realizar transacciones mayoristas.
Sin embargo, reconoció que el proceso de descentralización para aprobar la creación de mipymes privadas y cooperativas avanza con lentitud: hasta ahora esa facultad solo ha sido entregada a 65 municipios, un límite que restringe el desarrollo del sector en el resto del país.
Dentro de ese mismo paquete de medidas, se informó sobre la creación del Instituto Nacional para la Administración (o Activos) de Empresas Estatales, cuya estructura y plantilla aún están en conformación. La iniciativa apunta a un reforzamiento del aparato estatal en un momento en que la red privada ha asumido un papel clave en el abastecimiento cotidiano, especialmente en bienes y servicios que el Estado no logra garantizar.
Marrero defendió además un Decreto Ley para implementar nuevas modalidades de negocios entre personas jurídicas estatales y privadas nacionales, incluyendo contratos de franquicia, encadenamientos con nacionales con capacidad financiera y la posible adquisición por empresas estatales de participaciones en sociedades de responsabilidad limitada privadas. Aunque se presentaron como herramientas para “revertir la situación”, se enmarcan en un modelo donde el Estado mantiene la capacidad decisiva de intervención.
El giro contrasta con reportes oficiales divulgados meses atrás por la ONEI, que publicaron un balance preliminar del sistema empresarial y presupuestado del primer semestre de 2025, excluyendo expresamente a mipymes y cooperativas. Esa omisión fue leída por analistas como una señal del lugar secundario que el Gobierno concede al sector privado, pese a su peso real en la economía diaria.
En el terreno, el cierre de decenas de mipymes y el énfasis institucional en fortalecer estructuras estatales consolidan una percepción ya extendida: la iniciativa privada funciona como válvula de emergencia en tiempos de crisis, pero bajo un marco de desconfianza, supervisión y límites que dificultan su estabilidad y su aporte sostenido a cualquier recuperación.
CEPAL ubica a Cuba y Haití entre las economías con peor desempeño de la región en 2025
Hace 19 horas