Los trabajadores por cuenta propia (TCP) y las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en Cuba viven una creciente pesadilla financiera. La normativa impuesta por los bancos estatales los obliga a aceptar pagos electrónicos, aun cuando no existen las condiciones mínimas para operar bajo este sistema. Lo que en teoría debía ser un paso hacia la modernización económica, en la práctica se ha convertido en un obstáculo que asfixia al sector privado.
Decenas de emprendedores han denunciado públicamente que, tras recibir pagos digitales, el dinero tarda días en aparecer en sus cuentas fiscales. Daniel Alejandro Izquierdo Díaz, propietario de un pequeño negocio en La Habana, relató su experiencia durante una feria municipal: “Ingresé más de 5 mil pesos en pagos electrónicos, pero el dinero no estuvo disponible hasta varios días después. En ese tiempo, no pude comprar materias primas ni pagar a mis empleados”.
El retraso en la disponibilidad del dinero no es el único problema. Muchos empresarios aseguran que enfrentan severas limitaciones para retirar efectivo, lo que complica el funcionamiento diario de sus negocios. A esto se suma la escasez de billetes en los cajeros automáticos y las interminables colas para poder sacar pequeñas cantidades.
El problema se agrava en zonas rurales, donde la mayoría de los proveedores —campesinos y productores locales— no dominan el uso de los pagos electrónicos. Esto obliga a los emprendedores a recurrir al efectivo o incluso al mercado informal, elevando los costos operativos y aumentando los riesgos.
A pesar de las reiteradas denuncias, las autoridades no han ofrecido soluciones efectivas. Los emprendedores señalan que el proceso de “bancarización” fue implementado sin una infraestructura tecnológica adecuada, sin educación financiera y sin incentivos reales. “Este es otro ejemplo de una mala gestión que afecta a quienes realmente sostienen la economía del país”, opinan varios afectados.
El Decreto Ley 91 establece multas que van de 16.000 a 36.000 pesos para quienes se nieguen a aceptar pagos electrónicos o cobren recargos indebidos. Sin embargo, no contempla mecanismos que protejan al emprendedor de los perjuicios derivados de la lentitud bancaria.
Mientras tanto, la frustración crece en las calles y redes sociales. Muchos ven en estas medidas un intento del gobierno por controlar aún más el flujo de dinero privado y frenar la independencia económica. “Nos empujan a un sistema digital que no funciona y luego nos culpan por sobrevivir”, resume uno de los denunciantes.
La llamada “bancarización” en Cuba, lejos de impulsar la economía, ha terminado evidenciando la desconexión entre las políticas oficiales y la realidad cotidiana de los emprendedores.
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