El 22 de octubre de 2025 marcó el fin del plazo para solicitar la nacionalidad española bajo la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos. Esta normativa permitió durante dos años que descendientes de exiliados por la Guerra Civil y la dictadura franquista pudieran obtener la ciudadanía española.
El cierre de este proceso deja un balance positivo: miles de personas ya han adquirido la nacionalidad, mientras decenas de miles mantienen sus expedientes abiertos, esperando poder completarlos en los próximos meses.
Sin embargo, España ya trabaja en una nueva ley que podría abrir de forma permanente el acceso a la nacionalidad, sin plazos ni restricciones generacionales. El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) presentó un proyecto de reforma del Código Civil, que propone la creación de una Ley de Nacionalidad definitiva, reemplazando las leyes temporales como la de Nietos.
La iniciativa, ya enviada al Congreso y al Senado, busca garantizar el derecho a la nacionalidad a todos los descendientes de españoles nacidos en el extranjero, especialmente a aquellos afectados por discriminaciones de género o generación.
En declaraciones recogidas por Infocivitano, Violeta Alonso, presidenta del CGCEE, destacó desde Argentina que la propuesta tiene como propósito corregir las desigualdades históricas, como los casos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros, dejando fuera a sus descendientes.
La reforma plantea cinco puntos clave para una ley inclusiva y permanente:
Eliminación del límite generacional, permitiendo que cualquier descendiente de españoles, sin importar la distancia familiar, pueda acceder a la nacionalidad.
Igualdad de género, garantizando los mismos derechos a los descendientes de mujeres españolas.
Transmisión automática de la nacionalidad a los hijos, sin procesos judiciales ni requisitos adicionales.
Simplificación de los trámites consulares, para agilizar la inscripción y reducir la saturación en embajadas y consulados.
Continuidad jurídica, evitando leyes temporales con fechas de caducidad y generando un marco estable y duradero.
El proyecto fue presentado ante la Comisión de Justicia del Congreso y del Senado, donde será discutido en los próximos meses. Aunque existe respaldo político y social, la fragmentación parlamentaria podría ralentizar su aprobación.
Aun así, Alonso expresó optimismo: “Hay voluntad política para establecer una ley definitiva, pero los acuerdos entre partidos pueden ser complejos. Confiamos en que la presión de las comunidades españolas en el exterior impulse su debate durante esta legislatura”.
La propuesta es vista como un acto de justicia histórica hacia los descendientes que, por años, quedaron excluidos del reconocimiento de su origen español debido a limitaciones legales y burocráticas.
Si la reforma prospera, España establecería una vía permanente y equitativa para acceder a la nacionalidad, beneficiando a comunidades numerosas en América Latina, especialmente en Argentina, Cuba, México y Brasil.
Además, la ley definitiva eliminaría los problemas derivados de los plazos limitados y los requisitos cambiantes, otorgando seguridad jurídica y continuidad a las nuevas generaciones de españoles por descendencia.
Con este paso, España podría cerrar el ciclo de leyes temporales y dar inicio a una nueva etapa en su relación con los millones de descendientes de emigrantes que, desde distintas partes del mundo, reclaman su lugar en la historia y ciudadanía españolas.
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