El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la apertura de un segundo centro de detención y deportación de inmigrantes indocumentados, que se ubicará en la Institución Correccional de Baker, a unas 43 millas al oeste de Jacksonville. La nueva instalación, denominada por la administración estatal como “Deportation Depot”, contará inicialmente con 1.300 camas, aunque se prevé que la capacidad pueda ampliarse hasta 2.000, según funcionarios de la gobernación.
DeSantis justificó la medida señalando la necesidad de ampliar la capacidad de detención y deportación de inmigrantes, siguiendo la línea de la administración del presidente Donald Trump. “Hay una demanda para esto. Estoy seguro de que se llenará”, afirmó durante su anuncio, destacando que el centro está cerca de un aeropuerto, lo que facilitará los vuelos de deportación.
El anuncio llega en un contexto de alta controversia. Actualmente, el centro de detención en los Everglades, apodado “Alcatraz de los Caimanes”, enfrenta un proceso judicial. La jueza federal Kathleen Williams, tras una audiencia celebrada el miércoles pasado, aún no ha tomado una decisión y tendrá hasta el 21 de agosto para resolver sobre el futuro de la instalación.
Detenidos y familiares han denunciado públicamente las condiciones inhumanas en las que se encuentran en Alcatraz de los Caimanes, mientras que políticos demócratas que visitaron la instalación también han alertado sobre los problemas de hacinamiento y falta de recursos básicos. Por su parte, legisladores republicanos, incluidos congresistas cubanoamericanos del sur de Florida, defienden que las instalaciones cumplen con los estándares requeridos y que los detenidos están en buenas condiciones.
La administración de DeSantis subraya que la apertura del segundo centro responde a la creciente demanda de capacidad adicional para detenciones y deportaciones, luego de la activación de la instalación en los Everglades el mes pasado. La nueva ubicación en Baker permitirá mantener el proceso operativo sin depender del resultado judicial sobre el primer centro.
La expansión de los centros de detención refleja un endurecimiento en las políticas migratorias del estado de Florida y del país, lo que podría aumentar las tensiones políticas y humanitarias. Organizaciones de derechos humanos han criticado estas medidas, argumentando que la ampliación de la infraestructura de detención no soluciona las causas profundas de la migración irregular y puede agravar la situación de los detenidos.
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