La Mipyme D’Soto, encabezada por Dariel Sotomayor Rivero, medio hermano del legendario atleta cubano Javier Sotomayor, está nuevamente bajo fuego mediático tras una grave denuncia anónima que detalla presuntas prácticas ilegales como evasión fiscal, corrupción, explotación laboral y violación de los precios regulados en Cuba.
El testimonio, recibido por el medio independiente Periódico Cubano, proviene de una fuente interna que, por seguridad, solicitó mantenerse en el anonimato. Según esta persona, las autoridades cubanas han iniciado una nueva auditoría fiscal a D’Soto, tras detectar violaciones de las leyes de finanzas y precios, lo que refuerza las sospechas sobre irregularidades sistemáticas en la gestión de la empresa.
D’Soto no es nueva en este tipo de controversias. Anteriormente fue multada por aplicar precios diferenciados según el método de pago —más alto por transferencias y más bajo por efectivo—, además de rechazar pagos electrónicos y exigir el cobro en MLC o divisas extranjeras, en contravención de las normativas vigentes.
Sin embargo, la denuncia actual lleva las acusaciones a un nuevo nivel. Recientemente, la ONAT de Matanzas impuso una multa millonaria de alrededor de 10 millones de pesos cubanos por evasión fiscal y desvío de fondos públicos. La auditoría reveló manipulación de procesos contables y el uso irregular de divisas extranjeras en operaciones comerciales.
Uno de los puntos más delicados señala que D’Soto vende productos en su página web en dólares y euros, permitiendo pagos mediante plataformas como Zelle y Tropipey, lo cual viola las leyes cubanas de comercio electrónico y puede estar relacionado con el tráfico ilegal de divisas. Según la fuente, esta modalidad le permite a la empresa evadir el control estatal y facilitar transferencias financieras fuera del sistema oficial.
A ello se suma una acusación directa de sobornos a funcionarios, particularmente en el Aeropuerto de Varadero “Juan Gualberto Gómez”, donde la Mipyme estaría vendiendo productos a precios abusivos con la complicidad del director del aeropuerto. Se denuncia también que estos puntos de venta funcionan como casas de cambio clandestinas, dirigidas principalmente a turistas y emigrados cubanos.
Más allá del aeropuerto, D’Soto cuenta con locales arrendados a Artex y CIMEX en Matanzas, los cuales —según el informe— se utilizan ilegalmente como almacenes y frigoríficos para ventas en línea, sin prestar servicios directos al público ni cumplir el objetivo declarado de los arrendamientos.
Uno de los aspectos más polémicos del testimonio es la presunta impunidad con la que opera Dariel Sotomayor, atribuida a la influencia de su hermano Javier Sotomayor, tanto dentro como fuera de Cuba. Pese a las sanciones económicas y las acusaciones públicas, Dariel habría adoptado una actitud arrogante, llegando incluso a adquirir un auto de lujo de 30.000 euros poco después de recibir la multa millonaria.
Las nuevas denuncias refuerzan la imagen de una estructura empresarial con acceso privilegiado, protegida y sin rendición de cuentas, mientras en la isla persisten graves carencias económicas para la mayoría de los ciudadanos. La situación plantea serias preguntas sobre el alcance real de la ley en Cuba y la capacidad del Estado para frenar la corrupción en el sector privado emergente.
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