Un informe reciente de la organización Archivo Cuba identifica a Raúl Castro como una figura clave en las violaciones sistemáticas de derechos humanos en la isla desde 1959, atribuyéndole responsabilidad en miles de muertes y desapariciones que podrían sustentar acciones judiciales en Estados Unidos.
El documento, titulado “Cuba: The Human Toll of Raúl Castro’s Rule”, fue publicado el 30 de marzo por Archivo Cuba, una organización con sede en Washington D.C. dedicada a la investigación y documentación de abusos en el país caribeño.
Según el reporte, el dirigente cubano —hermano de Fidel Castro— habría desempeñado un papel relevante en la consolidación de un sistema político que, de acuerdo con la organización, ha tenido un elevado costo humano durante más de seis décadas.
La directora de la entidad, María Werlau, señaló que el informe recoge evidencias en desarrollo sobre el impacto del modelo instaurado tras la revolución, cuyas consecuencias, afirmó, han afectado a miles de familias dentro y fuera de Cuba.
Archivo Cuba estima en al menos 8.267 las muertes y desapariciones documentadas desde 1959. El informe atribuye a Raúl Castro un rol directo en episodios de represión en los primeros años del proceso revolucionario, especialmente en la región oriental del país, donde lo vincula con ejecuciones masivas.
Entre los hechos señalados figura la denominada masacre de la Loma de San Juan, ocurrida en enero de 1959, en la que, según la investigación, decenas de personas habrían sido ejecutadas y enterradas en fosas comunes.
El documento también le atribuye responsabilidad en diversas formas de violencia de Estado a lo largo del tiempo, incluyendo 134 ejecuciones extrajudiciales, 19 muertes durante huelgas de hambre, 261 fallecimientos relacionados con condiciones carcelarias o falta de atención médica, y 116 casos de suicidios bajo custodia o presuntamente inducidos.
Asimismo, el reporte aborda las muertes y desapariciones ocurridas en intentos de salida del país, responsabilizando al exmandatario por el fallecimiento de 365 personas en este contexto, incluidos menores de edad.
El informe también menciona su implicación en políticas como el servicio militar obligatorio y el Ejército Juvenil del Trabajo, vinculándolos con accidentes, condiciones adversas y presuntos abusos, además de señalar su rol en la represión de protestas internas y en operaciones militares en el extranjero.
La publicación coincide con un aumento de la presión política y judicial desde Estados Unidos. A mediados de febrero, varios legisladores cubanoamericanos —entre ellos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Nicole Malliotakis— solicitaron al presidente Donald Trump evaluar la imputación de Raúl Castro por su presunto vínculo con el derribo de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996.
Posteriormente, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la reapertura de una investigación estatal sobre este caso, mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos creó un grupo de trabajo para evaluar posibles cargos federales contra funcionarios vinculados al Gobierno cubano.
De acuerdo con reportes de prensa, esta iniciativa —en la que también participan el Departamento del Tesoro y otras agencias— podría derivar en nuevas sanciones y acciones legales, en el marco de un endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba. La coordinación estaría a cargo de la Fiscalía federal del Distrito Sur de Florida, con experiencia en investigaciones relacionadas con altos funcionarios de la isla.
El informe de Archivo Cuba reaviva así el debate sobre la responsabilidad histórica de dirigentes cubanos y abre la puerta a posibles implicaciones judiciales en el ámbito internacional.
Fuentes: Informe de Archivo Cuba, Martí Noticias y Periódico Cubano
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