Cuatro de los líderes más representativos de la izquierda latinoamericana han terminado manchados por graves acusaciones de corrupción, abuso de poder o escándalos judiciales. Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Rafael Correa (Ecuador) y Evo Morales (Bolivia), llegaron al poder con discursos populistas prometiendo justicia social, inclusión y prosperidad. Sin embargo, hoy figuran en los titulares no por sus logros, sino por el uso indebido del poder y el desfalco de sus respectivas naciones.
Este martes, la expresidenta argentina Cristina Fernández fue condenada a seis años de prisión e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El caso conocido como "Vialidad" reveló un esquema de corrupción mediante el cual empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner, recibieron millonarios contratos viales de forma irregular. La sentencia marca un punto de inflexión en la política argentina.
En Brasil, Lula da Silva fue condenado en 2017 por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco del escándalo Lava Jato. Estuvo preso durante 580 días, acusado de recibir beneficios indebidos de empresas constructoras a cambio de contratos con Petrobras. Si bien el Supremo Tribunal Federal anuló su condena por fallos procesales, Lula nunca fue declarado inocente de los cargos, y su regreso al poder sigue siendo polémico.
El ecuatoriano Rafael Correa también fue condenado a ocho años de prisión en 2020 por el delito de cohecho agravado en el caso “Sobornos 2012-2016”. El tribunal comprobó que el expresidente lideró una red de financiación ilegal de campañas a cambio de contratos estatales. Correa reside actualmente en Bélgica, desde donde evade la justicia ecuatoriana y denuncia una supuesta persecución política.
En Bolivia, Evo Morales enfrenta acusaciones no solo de corrupción, sino también de abuso sexual. En 2020 fue denunciado por mantener una relación con una menor de edad, con la que habría viajado a distintos puntos del país en aviones oficiales. La Fiscalía boliviana recogió testimonios y documentos que respaldan la denuncia, aunque el caso ha avanzado con lentitud en medio de presiones políticas y falta de independencia judicial.
Estos casos demuestran un patrón común: líderes populistas que llegan al poder con el discurso de representar al pueblo, pero terminan utilizando el Estado como herramienta de enriquecimiento personal. Las instituciones, en muchos casos, son debilitadas para blindar la impunidad, mientras la pobreza y la desigualdad —banderas de sus campañas— siguen sin resolverse.
La llamada “izquierda progresista” de América Latina ha quedado profundamente desacreditada. Lejos de traer justicia y transparencia, ha reproducido los mismos vicios que decían combatir, mientras millones de ciudadanos siguen esperando un verdadero cambio. El descrédito no solo es legal, sino también moral y político. Hoy, gran parte de esa izquierda está asociada al autoritarismo, la corrupción y el fracaso económico.
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