La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU advirtió que las estructuras represivas del Estado venezolano permanecen prácticamente intactas, pese a algunas mejoras registradas en materia de derechos humanos durante 2026.
El nuevo informe señala una reducción significativa de las detenciones políticas prolongadas y de las desapariciones forzadas, además de la excarcelación de cientos de personas detenidas por motivos políticos. También identifica un margen ligeramente mayor para las protestas, las reuniones públicas y determinadas actividades de la sociedad civil.
Sin embargo, estos avances no han estado acompañados por reformas institucionales capaces de garantizar cambios sostenidos. Según EFE, la misión considera que las leyes utilizadas para criminalizar la disidencia continúan vigentes y que los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad mantienen esencialmente las mismas estructuras, políticas y prácticas.
La presidenta de la misión, la experta peruana Sofía Macher, señaló que la reducción de algunas de las formas más graves de represión no representa una transformación del sistema que permitió esas prácticas.
El organismo también documentó nuevos casos de tortura y malos tratos contra personas detenidas por razones políticas. En total, recibió información sobre 64 casos registrados después del 3 de enero, fecha de la captura de Nicolás Maduro.
Entre las prácticas investigadas figuran la intubación forzada y el confinamiento prolongado en una cisterna subterránea en la prisión de máxima seguridad El Rodeo I. En Fuerte Guaicaipuro, una instalación militar, también fueron documentados confinamientos en espacios subterráneos, privación de alimentos, exposición al frío y otras condiciones consideradas degradantes.
La misión señaló además que cientos de personas permanecen detenidas en condiciones deficientes, con restricciones graves para acceder a agua potable, alimentos, medicamentos y atención médica. El organismo relacionó algunos fallecimientos bajo custodia con malos tratos y falta de atención médica adecuada.
Aunque las excarcelaciones redujeron el número de presos políticos, la misión estima que entre 300 y 500 personas continúan detenidas por motivos políticos, según información recopilada de organizaciones no gubernamentales.
Otro elemento señalado es la permanencia en puestos clave de al menos 19 funcionarios previamente identificados por la misión como responsables de graves violaciones de derechos humanos.
El informe también aborda el papel de los llamados colectivos, grupos civiles armados que, según la misión, mantienen vínculos con instituciones estatales. El organismo considera que estas estructuras forman parte del aparato represivo y reclama medidas para desmantelarlas.
La misión concluyó que, sin reformas institucionales, independencia judicial e investigaciones sobre las violaciones cometidas, los avances registrados en Venezuela podrían ser frágiles y reversibles.
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