Mientras el oriente de Cuba aún chapoteaba entre inundaciones y escombros tras el huracán Melissa, la Fiscalía General de la República anunció las conclusiones provisionales contra el exministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández y otros implicados —cuyas identidades aún no se han revelado—, cerrando así la fase preparatoria de instrucción penal.
El caso pasará ahora a la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo, donde los jueces deberán calificar los delitos atendiendo a criterios tanto jurídicos como ideológicos. Las acusaciones, sin embargo, ya delinean un escenario judicial de extrema gravedad.
Según las conclusiones de la Fiscalía, Gil Fernández enfrenta diez imputaciones penales que abarcan desde delitos contra la seguridad exterior del Estado hasta fraudes económicos y fiscales.
1. Espionaje: considerado delito contra la seguridad exterior, se sanciona incluso con cadena perpetua o pena de muerte. No requiere necesariamente entregar información a un “enemigo”, sino colaborar con servicios de inteligencia extranjeros, sean hostiles o no.
2. Actos en perjuicio de la actividad económica o la contratación: por alterar o falsificar informes sobre planes económicos o presupuestos estatales.
3. Cohecho: recibir o solicitar beneficios o dádivas a cambio de actos relacionados con su cargo.
4. Tráfico de influencias: usar su posición o contactos para obtener ventajas personales o favorecer a otros en la administración pública.
5. Infracción de normas de protección de documentos clasificados: manipular, ocultar o destruir documentos oficiales de carácter confidencial.
6. Sustracción o daño de documentos en custodia oficial: alterar o eliminar archivos bajo resguardo estatal.
7. Malversación: apropiarse o permitir el uso indebido de bienes estatales o autorizar pagos injustificados.
8. Falsificación de documentos públicos: alterar o fabricar documentos oficiales con información falsa o inexacta.
9. Evasión fiscal: ocultar o alterar cálculos tributarios que debió registrar en su cargo, ocasionando perjuicios a la economía nacional.
10. Lavado de activos: manipular fondos o bienes de origen ilícito con el fin de ocultar su procedencia o integrarlos al sistema económico formal.
De confirmarse estos cargos, Gil Fernández podría enfrentar penas acumuladas de carácter extremo, incluyendo cadena perpetua.
La lista de delitos abre un interrogante mayor: ¿cómo es posible que un ministro de tan alto rango incurriera en semejante cúmulo de infracciones sin que la cúpula del régimen —incluidos Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel o los ministros del MININT y las FAR— estuviera al tanto?
En un país donde la inteligencia, la contrainteligencia y los comités de vigilancia controlan cada espacio de poder, resulta difícil creer que tales actos pudieran cometerse sin “decenas de miradas y oídos en connivencia criminal”, como apunta el propio análisis.
Más allá de las responsabilidades individuales, el caso revela las fisuras internas del aparato estatal y el grado de descomposición institucional dentro del sistema económico cubano.
Aunque algunos comparan este caso con las Causas 1 y 2 de 1989 —que terminaron con el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa y altos oficiales por narcotráfico y traición—, la dimensión política y el contexto son diferentes.
Entonces, el régimen consolidaba poder; hoy, enfrenta una crisis económica, política y moral sin precedentes.
La acusación contra Alejandro Gil se ha convertido en el nuevo símbolo del “truco o trato” político cubano: una mezcla de castigo ejemplarizante, oportunismo y silencio selectivo.
En su próxima entrega, el análisis promete desentrañar lo que muchos ya sospechan: en un sistema totalitario como el cubano, nadie delinque en soledad, y mucho menos un ministro de Economía. El verdadero juicio, parece, no será solo contra Gil Fernández, sino contra el sistema que lo creó, lo encumbró y ahora lo sacrifica.
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