El Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) y el Ministerio de la Construcción (Micons) anunciaron la implementación de un nuevo Sistema de Precios de Construcción y Montaje para inversiones, reparaciones capitales y mantenimiento constructivo, conocido como Precons III. Este sistema quedó regulado oficialmente a través de la Resolución 153 del MFP y la Resolución 173 del Micons, ambas publicadas en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición ordinaria número 45.
La nueva normativa establece un marco regulatorio obligatorio tanto para actores económicos estatales como no estatales. Su objetivo principal es asegurar el uso correcto del presupuesto del Estado destinado a actividades constructivas, en correspondencia con los lineamientos gubernamentales dirigidos a corregir distorsiones económicas y promover la eficiencia.
La Resolución 153 busca determinar los presupuestos de las nuevas obras desde su inicio. Para ello, especifica que los costos de los servicios de construcción deben considerar como componente directo el salario del personal, incluidos conceptos como vacaciones y condiciones laborales adversas. También se permite un incremento de hasta cinco veces en las tarifas de mano de obra establecidas en la Resolución 29/2020 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El viceministro del Micons, Antonio Amaury Medina Morante, señaló que el nuevo sistema será revisado seis meses después de su entrada en vigor, para perfeccionarlo o corregir posibles distorsiones. Según dijo, «los inversionistas son responsables de elaborar presupuestos realistas y realizar estudios de factibilidad que respalden los precios propuestos». Así, se espera una mayor profesionalización y compromiso de quienes lideran los proyectos.
La Resolución 173 establece que tanto personas jurídicas como naturales que participen en procesos constructivos con entidades estatales deberán aplicar el sistema Precons III en la formación de precios. Este debe estar basado en criterios de máximos, donde los costos y gastos deben ser verificables y auditables, y no deben superar lo estipulado en los estudios de factibilidad técnico-económicos.
En este sentido, se resalta que las entidades estatales pueden acordar precios con formas de gestión no estatal, pero siempre dentro del presupuesto aprobado y el alcance definido. «Necesitamos inversionistas más comprometidos para garantizar que cada obra cuente con un presupuesto bien argumentado y con precios realistas», enfatizó Medina Morante.
Las resoluciones que regulan el sistema Precons III entrarán en vigor dentro de 60 días a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República.
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