El Tribunal Supremo Popular de Cuba rechazó la solicitud de revisión del caso de cuatro jóvenes condenados por presuntamente lanzar cócteles Molotov contra propiedades de funcionarios estatales en la provincia de Villa Clara.
Esta negativa se produce a pesar de las denuncias de irregularidades durante el proceso judicial, entre ellas la afirmación de la exjueza Melody González Pedraza de haber dictado sentencia bajo presión de sus superiores.
La petición de revisión fue presentada en diciembre de 2024 por los familiares de los jóvenes condenados: Eddy Daniel Rodríguez Milián, Luis Ernesto Medina Pedraza, Andy Gabriel González Fuentes y Adain Barreiro Pérez, quienes recibieron penas de entre tres y cuatro años de prisión por los hechos ocurridos el 18 de noviembre de 2022.
Durante el juicio, la principal prueba de la fiscalía fue una confesión inicial de Barreiro Pérez, quien luego se retractó. A pesar de esta contradicción, el Tribunal presidido por Rubén Remigio Ferro, sostuvo que las condenas se basaron en pruebas válidas y que el fallo judicial no es “endeble”.
Sin embargo, el abogado Edel González Jiménez, miembro del equipo legal de Diario de Cuba, argumenta que el caso merece revisión bajo el Artículo 773, inciso 5, de la Ley de Proceso Penal. Este apartado permite reabrir un proceso si se demuestra que los jueces actuaron bajo coacción o intimidación. Según declaraciones recientes de la exjueza González Pedraza, eso fue precisamente lo que ocurrió.
La exmagistrada, que ahora se encuentra en el centro de detención migratoria Broward Transitional Center en Florida, aseguró en entrevista con Diario de Cuba que fue obligada a condenar a los acusados pese a la falta de pruebas sólidas. Actualmente, espera una decisión definitiva sobre su solicitud de asilo político, cuyo fallo está previsto para el 8 de mayo.
González Pedraza ingresó a Estados Unidos el 30 de mayo de 2024 mediante el programa de Parole Humanitario. No obstante, su vinculación previa con el Partido Comunista de Cuba mientras presidía el Tribunal Municipal de Encrucijada, ha complicado su caso.
Las autoridades migratorias inicialmente le negaron la entrada al país y podrían emitir una orden de deportación, como ya ocurrió con su esposo.
El caso pone de relieve tanto las deficiencias del sistema judicial cubano como los dilemas éticos y legales en torno a solicitudes de asilo de exfuncionarios del régimen.
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