La reciente firma de un decreto presidencial por parte de Donald Trump marca un nuevo y preocupante capítulo en la política migratoria de Estados Unidos. Centrado en castigar a las llamadas jurisdicciones santuario, el nuevo mandato ordena al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional identificar a estados y ciudades que, por proteger a sus comunidades migrantes, se niegan a colaborar plenamente con las autoridades federales de inmigración.
Estas jurisdicciones ahora corren el riesgo de perder fondos federales vitales y enfrentar sanciones legales. Con ello, Trump no solo apunta a los migrantes, sino que lanza una ofensiva directa contra los gobiernos locales que han optado por políticas más humanas y de integración. La medida es vista por muchos como una represalia disfrazada de gobernanza y un intento de someter a los estados rebeldes a una autoridad federal centralizada y punitiva.
La política de Trump se ha caracterizado por la utilización del miedo como herramienta de control. El uso de imágenes de supuestos inmigrantes detenidos —con rostros y cargos penales visibles— en el Jardín Norte de la Casa Blanca, no solo resulta éticamente cuestionable, sino que refuerza peligrosos estereotipos que asocian inmigración con criminalidad. Esta narrativa no solo es falsa, sino que deshumaniza a miles de personas que viven, trabajan y contribuyen diariamente al país.
A pocos días de cumplir sus primeros 100 días de gobierno en este nuevo mandato, Trump refuerza así una de sus banderas políticas: el endurecimiento migratorio. Las redadas masivas, como la reciente operación en Florida con 800 detenidos, forman parte de una estrategia más amplia de intimidación y deportación que deja a muchas familias rotas y comunidades enteras en alerta constante.
Además del ataque a las ciudades santuario, el nuevo decreto incluye otra medida discriminatoria: la exigencia de competencia en inglés para conductores de camiones. Esta disposición, presentada como un asunto de “seguridad vial”, en realidad impone una barrera laboral más a los trabajadores migrantes, particularmente latinos, que constituyen un segmento importante de la fuerza laboral en el transporte. Organizaciones de derechos civiles han advertido que esta medida institucionaliza el sesgo lingüístico y profundiza la exclusión.
Estas acciones reflejan un modelo de gobierno sin espacio para el diálogo, centrado en el control férreo y la estigmatización del otro. La política migratoria de Trump no solo desconoce las realidades humanas detrás de la migración, sino que criminaliza la diversidad y castiga la solidaridad.
Lejos de buscar soluciones sostenibles o rutas de integración, esta administración opta por medidas que erosionan la confianza entre comunidades y gobiernos, tensan las relaciones federales y alimentan divisiones internas peligrosas.
En lugar de construir puentes, Trump se empeña en levantar muros, reales y simbólicos, que alejan a Estados Unidos de los valores democráticos y humanitarios que alguna vez lo definieron.
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