El segundo juicio contra el ex ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, comenzó este miércoles en un silencio absoluto. No hubo aviso previo, comunicado oficial ni cobertura en la prensa estatal. Todo se desarrolló a puerta cerrada, con el secretismo característico de un régimen que teme más a la transparencia que al mosquito Aedes.
La vista inició a las 9:30 de la mañana en el Tribunal Popular de lo Civil y de lo Familiar de Marianao, el mismo escenario de la primera sesión por supuesto espionaje. Esta vez, sin despliegues espectaculares de Seguridad del Estado, aunque con suficiente vigilancia para recordar que en Cuba la justicia es un espectáculo privado.
Según una fuente cercana al caso, estuvieron presentes los dos hijos del ex ministro, obligados a firmar una cláusula de confidencialidad. La hermana, como en el juicio anterior, no fue admitida. Mientras tanto, los medios oficialistas dedicaban sus portadas al culto a la imagen de Fidel Castro, ignorando un proceso que podría sacudir las entrañas del poder.
El expediente incluye a más de veinte imputados, entre ellos un diputado de la Asamblea Nacional y un secretario del Partido. Para Gil, la Fiscalía pide 30 años de condena; para el resto, sentencias mínimas de 15. La purga huele a vendetta interna.
Hasta ahora tampoco se conoce el resultado del primer juicio por espionaje. Lo único confirmado es que el abogado Abel Solá López habría realizado una defensa “brillante”, según la familia del ex ministro. El régimen administra la información con cuentagotas y solo cuando le conviene.
La hermana de Gil, María Victoria, declaró que la acusación de espionaje fue impulsada por el primer ministro Manuel Marrero, en una maniobra de las altas esferas militares molestas por el impacto de la Tarea Ordenamiento, la reforma económica que hundió aún más al país y dejó al ex ministro bajo los reflectores del desastre.
El 1 de febrero, Marrero llamó a Gil para decirle que su gestión “no había dado los frutos esperados”. Al día siguiente, cuando fue entregar su cargo, lo esperaban dos agentes de la Seguridad del Estado. Su esposa fue liberada, pero él fue enviado directo a Guanajay, prisión de máxima seguridad.
Hasta entonces, Gil no era un cuadro cualquiera: era viceprimer ministro y mano derecha de Díaz-Canel, el hombre encargado de la reforma económica más agresiva de los últimos tiempos. Pero en Cuba, cuando algo sale mal, siempre se busca un chivo expiatorio.
Tras 20 meses de silencio, la Fiscalía presentó un listado de delitos: espionaje, malversación, evasión fiscal, lavado de activos, tráfico de influencias y daño de documentos oficiales. Un combo perfecto para destruir la reputación de cualquiera y borrar su papel dentro de la cúpula gobernante.
El mensaje es claro: el régimen utiliza el caso para ajustar cuentas internas. Un juicio sin testigos, sin prensa y sin transparencia confirma que en Cuba la justicia no es justicia: es control político disfrazado.
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