Cuba enfrenta una creciente crisis demográfica que tiene entre sus principales protagonistas a los adultos mayores. Al cierre de 2025, 2.519.823 personas tenían 60 años o más, equivalentes al 26,7 % de la población, una proporción que convierte a la isla en uno de los países más envejecidos de América Latina.
De acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI), las mujeres representan la mayoría de este grupo, con 1.360.603 personas, frente a 1.159.220 hombres. Villa Clara es la provincia con mayor envejecimiento, con el 30,2 % de sus habitantes mayores de 60 años, seguida por La Habana, con 29,1 %.
Pero detrás de las estadísticas existe una realidad cotidiana marcada por las dificultades económicas. Para muchos jubilados cubanos, la vejez transcurre en medio de escasez de alimentos, falta de medicamentos y pensiones que han perdido gran parte de su poder adquisitivo debido a la inflación.
En 2025, el Gobierno elevó a 4.000 pesos mensuales la pensión mínima para más de 1,5 millones de jubilados. La medida benefició a 1.573.320 pensionados, pero ese ingreso equivale actualmente a poco más de cinco dólares al mes en el mercado informal, una cantidad insuficiente para cubrir las necesidades básicas.
El problema no se limita al valor de las jubilaciones. Los adultos mayores que padecen enfermedades crónicas deben enfrentar también dificultades para conseguir medicamentos, mientras el deterioro del sistema de salud y la escasez de productos esenciales complican el tratamiento de numerosas enfermedades asociadas al envejecimiento.
La alimentación constituye otro de los grandes desafíos. La reducción de la capacidad de compra, la escasez y los elevados precios de los alimentos obligan a muchos jubilados a depender de familiares o de ayudas externas para complementar una canasta que resulta insuficiente para cubrir sus necesidades.
El envejecimiento cubano ocurre además en un contexto de baja natalidad, emigración y reducción de la población, lo que disminuye progresivamente la cantidad de personas en edad laboral que pueden sostener el sistema de seguridad social.
Las autoridades han comenzado a permitir la expansión de servicios privados de cuidado y hogares de ancianos gestionados por actores no estatales como una alternativa ante la creciente demanda de atención. Sin embargo, estos servicios pueden quedar fuera del alcance de numerosos jubilados debido a sus bajos ingresos.
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